Lituania se expone a perder parte de los 565 millones del último pago del Plan de Recuperación y Resiliencia

La Comisión no va de farol. Bruselas aplicará por vez primera la suspensión de parte de un pago del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) europeo a un Estado miembro. Lituania ha sido el actor afectado por la decisión comunitaria. El país báltico corre el riesgo de perder parte de los 565 millones de euros que solicitó a la Comisión en diciembre del año pasado -más de un cuarto de los 2.000 millones que el país puede recibir como parte del PRR- por el incumplimiento de dos de los 33 objetivos establecidos en el plan lituano.

El Ejecutivo comunitario ha indicado que aún queda un “importante trabajo por hacer” en materia fiscal. En concreto, Bruselas ha reprochado a Lituania el no haber cumplido con “la supresión de las exenciones fiscales y los regímenes fiscales especiales existentes” y con “los impuestos medioambientales y los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento económico”. La decisión de Bruselas, sin embargo, no es irrevocable: dará un plazo de siete meses a -uno de apelaciones y seis para subsanar los fallos- para reconducir el plan fiscal lituano.

La decisión comunitaria ha dejado por escrito, por primera vez, la falta de éxito de uno de los planes de recuperación de los Estados miembros. La cantidad de dinero que Vilna se expone a perder depende ahora de la ponderación que utilice la Comisión para valorar esos dos objetivos incumplidos. El valor unitario de los dos hitos asciende a más de 32 millones de euros, aunque pueden ser más, según el cálculo que aplique la Comisión, basados en la relevancia que estime de cada objetivo.

Hasta ahora, los pagos tenían que ser o no ser. Es decir, los países percibirían el 100% del pago o el 0%, si así lo estimaba la Comisión. Sin embargo, con la nueva metodología elaborada por el Ejecutivo europeo, los Estados podrán percibir menos fondos en caso de incumplimiento de alguno de los hitos y reformas. La cuantía será mayor o menor en función de la importancia que le otorgue Bruselas al plan que el Estado en cuestión no haya podido cumplir.

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