Las necesidades de financiación de las pymes no logran volver a los valores anteriores a la pandemia, según los datos presentados por CESGAR en el XII informe ‘La financiación de la pyme en España’. El pasado ejercicio, el 56,2% de las pequeñas y medianas empresas españolas necesitaron de un préstamo, lo hayan o no buscado. Este porcentaje supone una reducción de solo 1,7 puntos porcentuales respecto a 2021, pero se mantiene a más de 20 puntos del datos de 2019. Además, entre entre las pymes con más de 10 personas empleadas (en torno a 166.700 empresas), el porcentaje con necesidades de financiación se eleva hasta el 77,3%.

Según el texto presentado las sociedades de garantía recíproca, las necesidades de financiación mantienen también su relación positiva con el tamaño empresarial. «Así, el 50,6% de los trabajadores autónomos o empresas sin personal asalariado y el 62,2% de las microempresas señalan haber tenido necesidades de financiación en 2022, pero este porcentaje aumenta hasta el 76,9% en las pequeñas empresas y el 83,3% en las medianas».

Por su parte, se observa estabilidad en cuanto al destino de estos fondos con respecto a 2021. El pasado curso, el 75,9% de las pymes ha requerido financiación para el circulante, que ha ganado peso con respecto a 2019 (67,5%). En importancia, le sigue la financiación destinada a inversión (37,9%), tanto en equipo productivo como en inmuebles. Por su parte, cabe destacar el aumento en la financiación destinada a inversión en innovación, que pasa del 1,7% en 2021 al 5% en 2022, superando los niveles prepandemia. Finalmente, se aprecia un ligero aumento de las pymes que necesitan destinar la financiación a abordar procesos de expansión en el mercado nacional o en los mercados extranjeros.

De los accidentes laborales registrados, 5.163 fueron de autónomos y 87.049 de trabajadores asalariados.

Las estadísticas muestran que de los accidentes de trabajo que provocaron baja entre los trabajadores autónomos, 4.866 ocurrieron durante la jornada de trabajo y solo 297 fueron in itinere, que son los accidentes que se producen al ir o al volver del lugar de trabajo.

Además de eso, destaca el hecho de que 14 de dichos accidentes laborales fueron mortales y que todos ellos los sufrieron hombres. Por otro lado, del resto de los accidentes que sufrieron los trabajadores por cuenta propia, 99 fueron graves y 4.753, leves.

España ha obtenido un total de 31.000 millones de euros desde Bruselas, tras el tercer pago, aprobado recientemente, por valor de 6.000 millones de euros. Sin embargo, si España no aprobara alguno de los puntos de la reforma de pensiones (cuatro, según los documentos del plan español) se arriesga a recibir el castigo máximo en el próximo pago -el cuarto-, según fuentes comunitarias citadas por EL PAÍS. Bruselas busca que con la reforma española se asegure la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones y de las cuentas públicas españolas.

Las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales –a la sazón, sindicatos y empresarios– se encuentran estancadas. Además, el Ejecutivo trabaja en cerrar un acuerdo parlamentario que asegure una mayoría suficiente para aprobar la reforma en el Congreso.

El Ministerio pretende aumentar el cálculo desde los 25 años actuales a 30, aunque con la posibilidad de eliminar las 24 mensualidades peores en términos de cotización. Por lo tanto, los años efectivos serían 28, en lugar de 30. Los argumentos que se han esgrimido por parte del Gobierno para justificar esta propuesta se han basado en que esta ampliación en el periodo de cálculo de tres años beneficia más a las nuevas carreras laborales, que serán menos lineales y que cada vez son más frecuente. Sin embargo, esta misma propuesta fue la que no convenció a los agentes sociales, que aplazaron la reforma desde finales del año pasado a principios de 2023.

La reforma debía, conforme a la hoja de ruta marcada por el Ministerio de Seguridad Social, estar cerrada antes del final del año pasado. Luego, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, aseguró que el acuerdo definitivo estaría listo antes de febrero y, la semana pasada, emplazó hasta Semana Santa para conseguir un pacto final.